El Ministerio de Educación está buscando reponer la norma que permite la selección por razones académicas en los llamados liceos de excelencia. Este asunto no es nuevo; ya en la discusión de 2009 sobre la Ley General de Educación fue motivo de controversia, lo que se replicó en 2014 para la discusión de la Ley de Inclusión Escolar, normativa en la que el sistema de admisión tuvo su última modificación.

El concepto que subyace tras esta discusión es la del mérito, definido como el derecho a recibir un reconocimiento por algo que la persona ha hecho. Quienes defienden la selección por mérito argumentan que los estudiantes que obtienen buenos resultados académicos tendrían el derecho de acceder a liceos ampliamente demandados, como reconocimiento al esfuerzo puesto en sus cursos anteriores.

Dentro de la discusión es importante considerar que, generalmente, los liceos de excelencia comienzan en séptimo básico, por lo que las postulaciones a estos establecimientos son en sexto básico. Es decir, se consideran los resultados y conocimientos que los niños presentan a los 12 años. Considerando que la adquisición de conocimiento es un proceso acumulativo, en el que las condiciones iniciales tienen efecto en los resultados finales, lo que se está considerando es el proceso de aprendizaje entre los 0 y 12 años.

¿Es posible atribuir los resultados del proceso de aprendizaje exclusivamente al esfuerzo de los estudiantes? La evidencia sugiere que tanto el esfuerzo como los resultados escolares se ven fuertemente condicionados por factores externos al estudiante, tales como nivel socioeconómico, estructura familiar, involucramiento parental y condiciones de salud, entre otros. Luego, a los 12 años, los niños y niñas serían más un reflejo del contexto en el que han crecido que únicamente de sus propias decisiones autónomas.

En consecuencia, en la mayoría de los casos no es posible atribuir los resultados exclusivamente al esfuerzo de los estudiantes, por lo que incorporarlos en la selección para algunos establecimientos es discriminar a quienes no han tenido la oportunidad de vivir en contextos favorables a su desarrollo. El mayor desafío de la política pública educativa es dotar a los docentes y establecimientos de habilidades para enfrentar salas de clases diversas, con estudiantes que presentan una infinidad de necesidades que deben ser atendidas.

María Paz Donoso Turpaud

Directora de Política Educativa, Fundación Caserta